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Karla Ayala y las denuncias en Veracruz
Luis Alberto Romero
La exigencia de entregar parte del salario para conservar un empleo público volvió al centro de la discusión política de forma reciente; esta vez, por la vinculación a proceso de Karla Ayala Villalobos, exdiputada federal del Partido Revolucionario Institucional por el distrito de Tlalpan, acusada de abuso de autoridad contra una de sus colaboradoras en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con información publicada por el diario La Jornada el pasado 21 de octubre, la Fiscalía General de la República obtuvo la resolución de un juez federal para que la exlegisladora, que actualmente es parte de la dirigencia nacional priista, enfrente un proceso penal por presuntamente exigir a su asesora 13 mil pesos mensuales, equivalentes a la mitad de su salario, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.
El caso fue un escándalo; de acuerdo con la denuncia, la exdiputada habría exigido a una asesora la totalidad del aguinaldo en diciembre de 2022, como condición para renovar el contrato laboral. La colaboradora se negó y la relación de trabajo terminó; Ayala, quien actualmente ocupa la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, enfrenta el proceso en libertad y sin medidas cautelares.
La resolución judicial no representa una sentencia condenatoria, pero coloca bajo la lupa una práctica que atenta contra los derechos laborales y puede convertir una relación de subordinación en un mecanismo de presión económica; corresponderá a las autoridades determinar las responsabilidades conforme avance la investigación.
En Veracruz, un caso con características parecidas quedó bajo investigación en el Congreso local; entre otros medios, que le dieron seguimiento puntual al tema, Diario del Istmo publicó el pasado el 1 de septiembre que la Contraloría Interna del Poder Legislativo local inició indagatorias por denuncias similares.
Entre los señalamientos figura el de José Flores, extrabajador que denunció presuntas irregularidades relacionadas con la diputada local Dorheny Cayetano; el exempleado afirmó que, aunque en la nómina aparecía un sueldo mensual de 20 mil pesos, únicamente recibía 6 mil; los 14 mil restantes, aseguró, eran retenidos por integrantes del equipo de la legisladora.
El caso fue abordado, incluso, por la gobernadora Rocío Nahle, quien señaló que las denuncias deben llegar a las instancias competentes y no quedar únicamente en el ámbito público-mediático.
La misma publicación mencionó acusaciones similares contra al menos otra diputada; sin embargo, estos señalamientos deben investigarse y no pueden considerarse responsabilidades demostradas.
Ambos casos, el de la priista de Ciudad de México y el de la morenista de Veracruz, son similares; la diferencia radica en que mientras la ex diputada priista ya fue vinculada a proceso, el tema de la morenista veracruzana sigue en investigación, a efecto de deslindar responsabilidades.
@luisromero85
Fuente: Hora Cero
